El inicio de 2026 encontró al empresariado colombiano ante uno de los escenarios más complejos de la última década: un incremento del salario mínimo cercano al 23,7%, fijado por decreto tras la falta de concertación. Más allá del debate político, miles de empresas, especialmente pymes, debieron reaccionar de inmediato para proteger su liquidez, su estructura de costos y, en muchos casos, su propia supervivencia.