EL AUMENTO ATÍPICO DEL SALARIO MÍNIMO EN 2026

CÓMO TOMAR DECISIONES TARIFARIAS RESPONSABLES SIN PONER EN RIESGO LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

EL AUMENTO ATÍPICO DEL SALARIO MÍNIMO EN 2026:CÓMO TOMAR DECISIONES TARIFARIAS Y DE PRECIOS RESPONSABLES SIN PONER EN RIESGO LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Introducción

El inicio de la vigencia 2026 encontró al empresariado colombiano enfrentando uno de los escenarios más complejos de la última década: un incremento del salario mínimo legal mensual vigente cercano al 23,7%, fijado por decreto ante la ausencia de concertación social. Más allá del debate ideológico o político que ha rodeado esta decisión, miles de empresas "especialmente pequeñas y medianas" se vieron obligadas a reaccionar de manera inmediata para evitar un impacto severo en su liquidez, su estructura de costos y, en muchos casos, su propia supervivencia.

Este artículo no busca cuestionar los fines sociales de la política salarial, sino aportar un análisis técnico, jurídico y económico que ayude a los empresarios a responder una pregunta esencial: cómo ajustar tarifas y precios de manera responsable frente a un aumento salarial atípico, sin paralizar la operación ni deteriorar la relación con clientes y mercados.

El salario mínimo como variable estructural del modelo empresarial colombiano

En Colombia, el salario mínimo no es únicamente una referencia laboral. En la práctica, se ha convertido en una unidad económica transversal que incide en múltiples dimensiones de la actividad empresarial: escalas salariales internas, costos prestacionales, aportes a la seguridad social, tarifas de servicios indexadas, precios contractuales, honorarios profesionales y estructuras de subcontratación.

Durante años, muchas empresas diseñaron sus modelos financieros bajo el supuesto de que el salario mínimo crecería de forma gradual y relativamente alineada con la inflación. Este supuesto permitió estabilidad presupuestal, previsibilidad contractual y control del riesgo financiero. El incremento definido para 2026 rompe de manera abrupta este equilibrio.

El carácter atípico del incremento del salario mínimo en 2026

Un análisis histórico del salario mínimo en Colombia muestra que, si bien han existido incrementos relevantes, estos se mantuvieron dentro de rangos esperados por el mercado. Incluso los aumentos más altos de años recientes respondieron a contextos inflacionarios específicos y a procesos de concertación que permitieron una adaptación progresiva.

El aumento cercano al 23,7% para 2026 supera ampliamente las expectativas del mercado, que se situaban alrededor del 12%–13%. Esta diferencia no es marginal: implica casi duplicar el ajuste esperado y genera una distorsión inmediata en presupuestos, contratos y proyecciones financieras construidas bajo supuestos razonables de continuidad.

Impacto real del incremento salarial en la estructura de costos

El impacto del salario mínimo va mucho más allá del salario base. Cada incremento se replica en cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, aportes a salud y pensión, riesgos laborales y, en algunos casos, parafiscales. Este efecto multiplicador eleva significativamente el costo real de la nómina.

En sectores intensivos en mano de obra, como la prestación de servicios profesionales, seguridad, tecnología, logística o salud, el costo laboral puede representar entre el 30% y el 50% del costo total. En estos casos, un incremento del 23,7% genera una presión inmediata sobre los márgenes que difícilmente puede ser absorbida en el corto plazo mediante eficiencia operativa.

El falso dilema en la toma de decisiones empresariales

Ante este escenario, muchas empresas enfrentaron un falso dilema: trasladar el 100% del incremento salarial a tarifas y precios, con el riesgo de perder clientes y competitividad, o limitarse a ajustar por IPC, asumiendo un deterioro progresivo de la caja y del margen operativo.

Ambas alternativas resultan extremas. La primera desconoce que el salario mínimo no representa la totalidad del costo del servicio o del producto. La segunda subestima la magnitud del choque laboral. La respuesta adecuada se encuentra en un punto intermedio, basado en criterios técnicos y de proporcionalidad.

El principio de proporcionalidad como eje del ajuste tarifario y de precios

Desde una perspectiva económica y jurídica, toda decisión de ajuste debe respetar el principio de proporcionalidad. Esto implica que el incremento aplicado guarde relación con el peso real del costo laboral en la estructura del negocio, la inflación esperada, la capacidad de absorción interna y la elasticidad de la demanda.

Trasladar de forma automática el incremento del salario mínimo resulta desproporcionado y comercialmente riesgoso. Ignorar su impacto compromete la sostenibilidad financiera. La proporcionalidad se consolida así como el criterio central para una gestión responsable del riesgo empresarial.

Ajustes transitorios como herramienta de gestión del riesgo

En contextos de alta incertidumbre, las decisiones reversibles y revisables suelen ser superiores a las decisiones definitivas. Los ajustes tarifarios o de precios con carácter transitorio permiten proteger el flujo de caja, mantener la operación, evaluar el impacto real de los costos y corregir la decisión si el entorno económico o jurídico cambia.

Desde el punto de vista jurídico, la temporalidad refuerza la buena fe contractual y reduce el riesgo de controversias, especialmente cuando se comunica de manera transparente y documentada.

El contexto jurídico y la necesidad de prudencia

El incremento del salario mínimo para 2026 ha sido objeto de cuestionamientos por parte de empresarios y gremios, y se ha planteado la posibilidad de que su legalidad sea analizada por el Consejo de Estado. Sin anticipar decisiones judiciales, este contexto introduce un elemento adicional de incertidumbre que refuerza la necesidad de adoptar medidas prudentes, técnicas y no irreversibles.

El empresario responsable no basa su supervivencia en una eventual decisión judicial futura, pero tampoco toma decisiones estructurales definitivas en un entorno regulatorio que aún puede evolucionar.

Frente a una eventual reevaluación del incremento del salario mínimo a través del control de legalidad que pueda ejercer el Consejo de Estado, resulta pertinente recordar que las proyecciones iniciales del mercado estimaban un ajuste cercano al 13%, mientras que el incremento finalmente adoptado alcanzó el 23,7% de manera abrupta. En este contexto, un ajuste tarifario transitorio del 14% se configura como una medida razonable y equilibrada, pues se aproxima al escenario originalmente proyectado y permite, en caso de producirse modificaciones regulatorias o pronunciamientos judiciales, mantener dicho porcentaje o efectuar únicamente ajustes marginales, sin generar impactos relevantes sobre la liquidez ni comprometer la estabilidad de la caja empresarial.

El impacto indirecto en la industria manufacturera y las materias primas

El análisis del incremento salarial no puede limitarse a la prestación de servicios. En la industria manufacturera, el impacto del salario mínimo se manifiesta de manera indirecta pero profunda a través del encarecimiento de las materias primas y de los insumos productivos.

Gran parte de las materias primas utilizadas por la industria manufacturera provienen de cadenas productivas locales y regionales en América Latina, intensivas en trabajo humano. Actividades como extracción, transformación primaria, transporte, almacenamiento y distribución están directamente expuestas al salario mínimo.

Un incremento abrupto del salario mínimo eleva los costos laborales de los proveedores, quienes trasladan parcial o totalmente ese impacto al precio de los insumos. Esto genera un efecto multiplicador que encarece la producción manufacturera incluso sin cambios en la nómina directa de la empresa.

Sectores como alimentos y bebidas, textiles, metalmecánica, plásticos, químicos básicos y materiales de construcción enfrentan márgenes estrechos y una limitada capacidad de sustitución de proveedores en el corto plazo. En estos casos, el incremento salarial actúa como un multiplicador de costos que afecta simultáneamente mano de obra directa, indirecta e insumos.

Limitaciones del IPC como único criterio de ajuste

En escenarios normales, la indexación al IPC resulta un mecanismo razonable para preservar el equilibrio económico. Sin embargo, frente a un incremento salarial atípico, el IPC no refleja adecuadamente la magnitud ni la velocidad del aumento de los costos reales, especialmente en sectores donde las materias primas y la mano de obra están altamente correlacionadas.

Las empresas manufactureras que ajustan precios únicamente con base en el IPC corren el riesgo de subestimar el impacto real en su estructura de costos y comprometer su sostenibilidad financiera.

Criterio técnico para un ajuste razonable en servicios e industria

Un enfoque defendible consiste en combinar dos variables: la inflación esperada para 2026, estimada entre el 5% y el 6%, y el impacto parcial del incremento salarial, ponderado según el peso real del costo laboral y de los insumos afectados dentro de la estructura de costos.

Aplicado a empresas de servicios y a la industria manufacturera, este ejercicio conduce a incrementos razonables ubicados entre el 13% y el 15%. Dentro de este rango, un ajuste del 14% se configura como un punto de equilibrio que reconoce el choque de costos sin trasladarlo íntegramente al mercado, protege la caja y mantiene la competitividad.

La importancia de la comunicación y la revisión periódica

La adopción de ajustes transitorios exige una comunicación clara y transparente con clientes, distribuidores y aliados. Explicar las razones económicas del ajuste, su carácter excepcional y la revisión periódica reduce la fricción comercial y fortalece la confianza.

El compromiso de revisión a 60 o 90 días permite evaluar el comportamiento real de los costos laborales, de las materias primas y del entorno jurídico, y ajustar la estrategia con base en datos reales y no en supuestos.

Reflexión final

El incremento atípico del salario mínimo en 2026 representa un desafío transversal para la prestación de servicios y la industria manufacturera. No se trata únicamente de un problema laboral, sino de un fenómeno económico que impacta tarifas, precios, cadenas de suministro y sostenibilidad empresarial.

Las decisiones técnicas, proporcionales y transitorias permiten a las empresas preservar la continuidad operativa, cumplir sus obligaciones laborales y mantener relaciones comerciales estables en un entorno de alta incertidumbre. Adoptar ajustes responsables, como un incremento transitorio del 14%, no es una reacción defensiva, sino una expresión de liderazgo empresarial y gestión madura del riesgo.