La Ley 222 de 1995 exige que los administradores actúen con diligencia, previniendo riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio. Más allá de obligaciones formales como SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE, el compliance es un deber inherente. Implementar controles proporcionales y documentar la gestión protege a la empresa y evita responsabilidades solidarias e ilimitadas para sus administradores.

Este artículo busca generar conciencia en el sector sobre la complejidad del rol del Oficial de Cumplimiento, a la luz de las mejores prácticas internacionales y la experiencia acumulada en sectores con regímenes más avanzados como el SAGRILAFT, donde ya se han impuesto sanciones superiores a 600 millones de pesos.

Los datos personales han adquirido un valor incalculable para las organizaciones, convirtiéndose en uno de los activos más estratégicos. Dentro de ellos, los datos sensibles —aquellos que pueden generar discriminación o afectación a la intimidad del titular

La Sentencia T-113 de 2025 fortalece el enfoque basado en riesgos en sistemas como SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, exigiendo análisis proporcionales y no discriminatorios frente a antecedentes penales. Este artículo destaca cómo el oficial de cumplimiento debe integrar criterios del derecho penal y constitucional para asegurar un control justo y efectivo del riesgo LA/FT/FP/C/ST en Colombia.