La responsabilidad compartida en la lucha contra el crimen

En un mundo cada vez más interconectado, el crimen trasnacional ha adquirido dimensiones alarmantes, afectando la seguridad global y la estabilidad de las naciones. Colombia, un país con un pasado complejo en términos de seguridad y criminalidad, enfrenta hoy retos significativos para consolidar un marco robusto que permita combatir eficazmente delitos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y el soborno. Estos delitos no solo socavan la economía y la gobernabilidad, sino que también erosionan la confianza en las instituciones y debilitan el tejido social.

Un aspecto crucial en esta lucha es la construcción de sistemas robustos de análisis de información preventiva. Sin embargo, en Colombia, la Ley de Protección de Datos (Ley 1581 de 2012) ha generado un debate sobre el equilibrio entre la protección de la privacidad individual y la necesidad de desarrollar herramientas eficaces para prevenir y combatir estos delitos mayores. Este artículo busca sensibilizar sobre la importancia de encontrar un punto de equilibrio que permita que la protección de datos no se convierta en un obstáculo para la seguridad nacional, sino que se articule de manera complementaria con los esfuerzos dirigidos a garantizar la seguridad colectiva.

La magnitud del desafío

El lavado de activos, la financiación del terrorismo, y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva son delitos de alcance global que, en muchas ocasiones, utilizan a Colombia como punto de tránsito o destino. Las organizaciones criminales han demostrado una capacidad notable para adaptarse a las medidas implementadas por los estados, desarrollando métodos cada vez más sofisticados para eludir los controles. Ante esta realidad, se hace imperativo que tanto las autoridades como los sujetos obligados, tales como entidades financieras, aseguradoras y otros actores del sector privado, cuenten con herramientas de análisis preventivo que les permitan detectar y neutralizar amenazas antes de que estas se materialicen.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos no solo recae en las limitaciones impuestas por la Ley de Protección de Datos, sino también en las restricciones que enfrentan los sujetos obligados al montar sistemas de prevención y detección de operaciones sospechosas (ROS). Estas restricciones pueden disminuir significativamente la capacidad de las organizaciones para implementar sistemas detectivos eficientes, afectando la calidad y cantidad de ROS generados.

La capacidad para identificar y reportar operaciones sospechosas de manera eficiente no solo es vital para la gestión de las autoridades, sino que también constituye un elemento esencial de diligencia anticipativa. Esta diligencia no solo protege a las compañías de ser utilizadas como vehículos para el blanqueo de capitales, sino que también refuerza la defensa penal de las mismas, demostrando un compromiso real con la debida diligencia.

Derechos particulares versus derechos generales

En la discusión sobre la Ley de Protección de Datos y las limitaciones impuestas a los sujetos obligados, a menudo se plantea un conflicto entre los derechos individuales y los derechos colectivos. La privacidad es, sin duda, un derecho fundamental, pero en situaciones en las que la seguridad nacional y la seguridad pública están en juego, es necesario reevaluar las prioridades. La Constitución Política de Colombia reconoce el derecho a la privacidad, pero también establece que los derechos individuales no son absolutos cuando entran en conflicto con el interés general.

Este principio es clave para entender por qué en ciertos casos, el derecho a la privacidad puede verse limitado en aras de garantizar la seguridad de la mayoría. La Corte Constitucional de Colombia ha reiterado en múltiples fallos que los derechos fundamentales pueden ser objeto de limitaciones razonables y proporcionadas cuando está en juego un bien mayor, como la seguridad nacional o la lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, para los sujetos obligados, estas limitaciones y restricciones no solo afectan su capacidad operativa, sino que también pueden generar una percepción de riesgo inadecuada, donde el temor a violar la normativa de protección de datos prevalece sobre la necesidad de implementar mecanismos robustos de detección. Esto lleva a una minimización de la cantidad y calidad de los ROS generados, impactando directamente la capacidad de las autoridades para realizar investigaciones eficaces y disminuyendo la eficacia de la diligencia anticipativa dentro del marco del derecho penal.

La necesidad de un enfoque integral

Para que Colombia pueda enfrentar eficazmente estos retos, es necesario adoptar un enfoque integral que no solo considere la protección de datos, sino también la necesidad de contar con herramientas avanzadas de análisis y prevención, permitiendo a los sujetos obligados cumplir adecuadamente con sus responsabilidades. Esto implica una colaboración estrecha entre el sector público y el sector privado, así como una mayor cooperación internacional.

El sector privado, en particular, tiene un papel crucial que desempeñar. Las entidades financieras, las empresas tecnológicas, y otros actores clave deben colaborar estrechamente con las autoridades para desarrollar soluciones que permitan detectar y prevenir actividades ilícitas sin comprometer la privacidad de los usuarios. Esto requiere un compromiso firme por parte de las empresas para implementar mecanismos de autorregulación, que incluyan medidas de compliance y auditoría interna que garanticen que los datos se utilicen de manera responsable (Accountability), sin que ello limite la capacidad de los sistemas de prevención de detectar operaciones sospechosas.

Por otro lado, la cooperación internacional es indispensable. Los delitos trasnacionales, por definición, trascienden las fronteras nacionales, lo que significa que ningún país puede enfrentarlos de manera aislada. Colombia debe fortalecer su participación en redes internacionales de cooperación, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para compartir información y mejores prácticas en la lucha contra estos delitos.

El camino hacia adelante

La lucha contra el crimen organizado y los delitos trasnacionales en Colombia requiere un enfoque audaz y decidido. La Ley de Protección de Datos, aunque esencial para salvaguardar la privacidad de los ciudadanos, no debe convertirse en una barrera que impida a las autoridades y a los sujetos obligados desarrollar las herramientas necesarias para proteger la seguridad colectiva y cumplir con sus responsabilidades de prevención.

Es necesario un marco legal que permita a los sujetos obligados acceder a la información crítica de manera controlada y bajo supervisión, asegurando que se respeten los derechos individuales, pero sin comprometer la capacidad del Estado y de los sujetos obligados para enfrentar amenazas graves. Esto no solo protegerá a la sociedad en su conjunto, sino que también fortalecerá la confianza en las instituciones públicas y en las empresas que juegan un rol fundamental en la prevención del delito.

Además, es crucial que las empresas reconozcan la importancia de los ROS como un elemento clave en la diligencia anticipativa, tanto para evitar ser utilizadas en esquemas de lavado de activos como para protegerse legalmente frente a posibles sanciones. Un enfoque proactivo en la generación de ROS y en la implementación de sistemas robustos de detección no solo beneficia a las autoridades en la lucha contra el crimen, sino que también refuerza la integridad y la reputación de las empresas en un entorno cada vez más exigente en términos de cumplimiento normativo.

Conclusión

La responsabilidad de combatir el crimen organizado en Colombia es una tarea compartida que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los actores de la sociedad. La Ley de Protección de Datos, aunque fundamental para proteger los derechos individuales, debe ser aplicada de manera que no se convierta en un freno para la lucha contra delitos graves que amenazan la estabilidad del país. Los sujetos obligados deben contar con el apoyo y la claridad normativa necesarias para desarrollar sistemas de prevención y detección eficaces que contribuyan no solo a la gestión de las autoridades, sino también a la protección de las empresas frente al riesgo de ser utilizadas en el blanqueo de capitales. La seguridad colectiva y la protección de los derechos humanos son objetivos que pueden y deben ser compatibles. Es hora de que Colombia avance hacia un modelo que reconozca esta realidad y adopte las medidas necesarias para garantizar un futuro más seguro para todos.